Persona o institución
Informaciones en las que Ministerio de Vivienda es protagonista, con las fuentes de cada afirmación.
En una visita al archipiélago este viernes, el mandatario anunció una ofensiva contra el narcotráfico, el contrabando y la extorsión, e instruyó trasladar a la cárcel de Cómbita a reclusos de la isla. También ordenó la intervención del Hospital Departamental.
El proyecto presentado ante el Congreso difiere en cifra exacta según las fuentes: algunos medios reportan $634,9 billones, otros $636 billones. El Gobierno atribuye el aumento a costos del terremoto y pagos no incluidos en la administración anterior.
Magistrados realizaron una inspección judicial en el departamento para evaluar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que ordena proteger derechos de la niñez wayúu. Encontraron agua contaminada con heces fecales y EPS sin actividad.
El presidente presentó un conjunto de iniciativas que incluye construcción de viviendas, alivios financieros y educativos para las zonas damnificadas. Los anuncios fueron respaldados por acuerdos con empresarios y entidades bancarias.
El presidente De La Espriella anunció subsidios de arriendo, acuerdos con aseguradoras para acelerar pagos de pólizas, extensión de licencias de construcción y materiales para reconstruir. Las medidas buscan canalizar recursos para las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que los recursos serán canalizados a través de la UNGRD y que la entrega de los llamados auxilios de vida comenzará la próxima semana en coordinación con autoridades locales.
Integrantes del partido anunciaron la medida tras difundirse imágenes que ubicaban al funcionario en Santa Marta durante el puente festivo, días después del terremoto que afectó miles de viviendas en el país.
El funcionario fue fotografiado en un hotel de playa mientras el país enfrentaba las consecuencias del sismo del 10 de agosto. Beltrán sostiene que viajó con su familia, pero enfrenta cuestionamientos sobre su ausencia durante la emergencia.
La estrategia incluye mejoramientos habitacionales en una primera fase con participación de la empresa privada, el Estado y gobiernos territoriales. El ministro de Vivienda reconoció las limitaciones presupuestales y señaló que se trabaja con Hacienda en alternativas de financiamiento.
El mandatario visitó Quibdó y designó un funcionario para coordinar la recuperación del departamento más afectado por el sismo. También propuso un programa que comparó con el Plan Marshall de posguerra.
Mientras algunos medios reportan montos cercanos a $13.000 millones, otros elevan la cifra hasta $50.000 millones. La disparidad refleja diferencias en qué se contabiliza como donación empresarial y en qué momento se reporta el consolidado.
Asocajas presentó al Gobierno una propuesta para habilitar recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social destinados a financiar reparación, reforzamiento, reconstrucción y reubicación de hogares afectados por el sismo.
El partido argumenta que la autorización para los viajes internacionales del expresidente obedece a criterios específicos, mientras el expresidente Uribe defiende el derecho de todo exmandatario a salir del país si no hay impedimento judicial.
El Gobierno también anunció un programa de subsidios de arriendo para familias cuyas viviendas resultaron destruidas o inhabitables tras el terremoto de magnitud 7,4.
El exsenador de la Alianza Verde, quien fue aliado de las reformas del gobierno en el Congreso, fue designado mediante decreto para dirigir la Notaría Segunda de Soacha, Cundinamarca.
El Ministerio de Vivienda advirtió que cerca de la mitad de los municipios del país enfrenta riesgo alto o muy alto de escasez de agua y pidió acelerar medidas de adaptación frente a la crisis climática.
Según reportes de medios, Guerrero y su hermana Verónica son acusadas por empresarios de cobrar coimas a cambio de contrataciones. El escándalo se vinculó con denuncias de poder desbordado en el entorno presidencial.
El alto tribunal frenó provisionalmente artículos que permitían al Gobierno trasladar recursos sin autorización previa del Congreso, tras una demanda que cuestiona posibles vicios de constitucionalidad.
