La Sala de Primera Instancia rechazó las peticiones de las defensas para detener el proceso contra seis aforados acusados de intercambiar votos por contratos. El tribunal decretó las pruebas que se practicarán en la audiencia preparatoria.
La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal tras identificar posibles irregularidades en un contrato para recuperación de arrecifes coralinos. El monto investigado supera los $3.000 millones.
En segunda instancia, el organismo de control ratificó la responsabilidad de la Alcaldía Local por la obra contratada a finales de 2016, que casi una década después permanece sin terminar ni prestar servicio.
La senadora María Clara Posada radicó una queja ante la Contraloría y la Procuraduría por presuntas irregularidades en la tercerización de procesos de contratación entre 2018 y 2026.
El Juzgado 24 de Familia de Bogotá suspendió temporalmente el retiro de piezas tras una demanda, mientras el Gobierno justifica la medida por considerarlas representativas de "cultura woke".
La Procuraduría General recibió una queja disciplinaria contra Lina María Garrido el 13 de octubre. Según la queja, reportó un cargo en una organización que no existe.
La Corte Suprema dejó en firme una condena de seis años contra el exmagistrado por el delito de concusión. El CTI ya notificó la orden de captura.
La senadora del Centro Democrático sostiene que los datos provienen del SECOP. La JEP le exigió una rectificación pública de sus acusaciones de turismo judicial.
La indagación se centra en presuntas deficiencias en la ejecución del proyecto para instalar sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos del país. El bilateral fue suscrito por la Aeronáutica Civil.
Seis servidores públicos enfrentan actuación disciplinaria tras presuntas omisiones que permitieron el ingreso de grupo musical a la cárcel La Paz en abril. El director encargado del penal es uno de los imputados.
El órgano de control formuló pliego de cargos contra los seis miembros por presuntas fallas en los controles de ingreso durante una parranda en el Complejo Penitenciario La Paz, en el Valle de Aburrá.
La Sala Plena anuló la norma que durante décadas permitía el sacrificio de animales bajo ese argumento. La votación fue unánime y determinó que la edad avanzada por sí sola no justifica legalmente la muerte de un animal.
Gustavo Bolaños Pastrana, exrepresentante legal de la Asociación de Municipios del Caribe, enfrenta ahora cargos por 101 contratos financiados con recursos del sistema de regalías que suman 496.000 millones de pesos, según la Fiscalía General de la Nación.
El exdirector de la Dian amplió su declaración en una diligencia de entrevista realizada este jueves ante la Fiscalía General de la Nación sobre presuntas recomendaciones de cargos en la entidad.
Jorge Daniel Montenegro Torres, auxiliar administrativo de la División de Bibliotecas, fue sancionado por conductas de maltrato laboral, incluido el envío de correos injuriosos a compañeros de trabajo.
La Sala Especial de Primera Instancia decidió el 9 de octubre la libertad provisional de los expresidentes del Congreso procesados en el caso UNGRD. La corte rechaza que haya habido negligencia en el manejo de los plazos.
La indagación surgió tras las denuncias que la exconsejera hizo a Semana contra la exprimera dama Verónica Alcocer y contempla inspecciones al Dapre y al Catam.
El presidente solicitó a la Fiscalía, Corte Suprema y Procuraduría esclarecer los hechos tras revelaciones de la exconsejera Eva Ferrer. También pidió intervención de autoridades estadounidenses.
La Corte Suprema negó la acción de tutela presentada por la defensa para cuestionar el rechazo del recurso extraordinario de casación. Pero una de las tres fuentes señala que el fallo será remitido a la Corte Constitucional para revisión.
Nueve años después de ordenar garantías de agua, salud y alimentación, la corte instaló audiencia pública en La Guajira para evaluar si el Estado cumplió las órdenes de la sentencia T-302 de 2017.
La Sala Especial de Primera Instancia lo halló culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en una obra vial de Norte de Santander. La condena es de 102 meses y un día.
El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Gobernación del Atlántico y la representante legal del consorcio contratista por presuntos pagos anticipados, cobros dobles y desembolsos indebidos.
La Sala de Instrucción investigará a congresistas por presunto prevaricato después de que pidieron a la Fiscalía remitir el expediente contra el expresidente. La Corte Constitucional debe resolver antes el conflicto de competencias entre ambas instituciones.