Lugar y jurisdicción
Cobertura de hechos ocurridos en Chocó, con evidencia y fuentes visibles.
El ministro Miguel Gómez anunció la medida durante una sesión en el Congreso el martes 11 de agosto. El Gobierno también solicitó un crédito de 450 millones de dólares y aplazó el pago del impuesto de renta.
La entidad confirmó daños en infraestructura y equipos en sedes del occidente y centro del país y adoptó el cierre preventivo mientras evalúa las afectaciones.
El instituto forense trasladó parte de su atención de Cali a Palmira y Tuluá para procesar los cadáveres llegados desde Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Un contingente de 23 bomberos de Medellín llegó a Quibdó con equipos especializados, mientras se reporta el traslado de 18 pacientes hospitalizados hacia Antioquia para su atención.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia moviliza recursos para llegar a las comunidades afectadas. La iniciativa también funciona con donaciones económicas además de alimentos.
El presidente convocó al Comité Nacional para Manejo de Desastres e instaló un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD. Los reportes iniciales hablan de al menos 111 muertos, aunque las cifras varían entre autoridades locales.
El sismo que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto provocó daños estructurales severos en el templo ubicado en Caldas. La Arquidiócesis reportó el impacto durante una eucaristía que se celebraba en el interior del edificio.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó el movimiento a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto como el más fuerte registrado en la última década. Se reportan daños en varias regiones, con al menos un muerto y afectaciones en viviendas e infraestructura.
Mientras la Gobernación del Chocó confirma cuatro fallecidos, autoridades de Risaralda y Pereira reportan cifras significativamente superiores. Los reportes preliminares difieren en magnitud y no hay claridad sobre si responden a territorios distintos o a actualizaciones del mismo balance.
El terremoto generó daños en Pereira y llevó, según El Espectador, a que el Gobierno nacional ordenara la instalación de otro puesto de mando a nivel nacional, dato que aún no tiene confirmación independiente.
Las implicadas habrían utilizado letras de cambio diligenciadas irregularmente para cobrar deudas falsas a policías en Cértegui. Según las investigaciones, las víctimas firmaban estos documentos en blanco que después eran completados con cifras superiores a lo acordado.
