Los muertos no dan permiso

En octubre del año pasado la familia de Martin Luther King tuvo que pedirle a una empresa de tecnología que parara. Circulaban videos, hechos con la herramienta de generación de video de OpenAI, en los que el pastor decía y hacía cosas que nunca dijo ni hizo, algunas simplemente ridículas y otras degradantes. El 17 de ese mes la compañía y el patrimonio de King publicaron un comunicado conjunto. La empresa suspendió la generación de contenidos con su imagen y anunció que los representantes autorizados de una persona fallecida podrían solicitar que no se use su semejanza.

Vale la pena detenerse en el verbo. Solicitar. La protección existe, hay que pedirla, y solo puede pedirla quien tenga un albacea, un título de representación y un abogado que redacte la carta. Para los muertos, la regla general sigue siendo el permiso presunto.

Con los vivos, la misma empresa hizo exactamente lo contrario y en tiempo récord. Después de una oleada de recreaciones no consentidas de gente famosa, cualquier persona viva debe autorizar expresamente que su cara se use, y además decide quién puede usarla, si solo ella, si un grupo aprobado, si sus conocidos o si todo el mundo. Es un buen sistema. Llegó como llegan siempre estas cosas, primero el abuso y después la regla, pero llegó, funciona y hoy le da a un ciudadano común más control sobre su imagen del que tenía hace dos años.

El argumento de la empresa para tratar distinto a los difuntos no es frívolo y conviene enunciarlo bien. Hay intereses fuertes de libertad de expresión en poder representar a figuras históricas y públicas. Es verdad. Nadie quiere un mundo donde haya que pedirles permiso a los herederos para hacer un documental, una sátira o una clase de historia. Cualquier norma que se escriba aquí tiene que dejar respirar eso.

El problema es que las leyes que sí existen fueron escritas para otro daño. California protege la imagen de una personalidad fallecida durante setenta años después de su muerte, y Nueva York aprobó una norma parecida en 2021. Son buenas leyes y preguntan una sola cosa: si alguien está vendiendo un producto con la cara de un muerto. Fueron pensadas para la publicidad, para el afiche y la camiseta. No preguntan lo otro, que es lo que ahora importa, y es si alguien le está poniendo palabras en la boca.

Esa distinción no es sutil. El daño viejo era la explotación comercial de un rostro. El daño nuevo es la falsificación del registro. Con material suficiente se puede hacer que un muerto sostenga lo contrario de lo que defendió toda su vida, con su cara, su voz y sus gestos, y no hay demanda posible por difamación, porque en casi ningún sistema jurídico se puede difamar a un muerto. La reputación se extingue con la persona. Esa regla venía de una época en la que hacer hablar a un cadáver era imposible.

Está además el asunto de los herederos, que se resuelve con demasiada facilidad en las conversaciones sobre esto. Un heredero puede autorizar lo que el muerto jamás autorizó y no habría podido imaginar. Los bienes se heredan. La voz no. Un hijo puede tener perfecto derecho sobre una casa y ninguna autoridad moral para dejar que su padre diga en video algo que su padre no dijo. Ningún ordenamiento tiene hoy una regla clara sobre eso.

Y conviene sacar el asunto del terreno de los famosos, porque ahí no se ve. Esto dejó de ser un problema de figuras históricas el día en que hubo material suficiente de cualquiera. Notas de voz, videos de un cumpleaños, la grabación de una reunión de trabajo, tres años de audios de WhatsApp. La mayoría de nosotros ya dejó registro de sobra. La pregunta deja de ser abstracta el día en que la abuela de alguien aparece diciendo, con su voz exacta, algo que nunca dijo, y el nieto que la quería tiene que decidir si eso le duele lo suficiente como para contratar a un abogado.

La ejecución, mientras tanto, va a otra velocidad que la publicación. Bajar un video toma semanas. Subirlo toma minutos, y en el intervalo lo vio quien lo tenía que ver.

Aquí es donde este asunto se cruza con todo lo demás que hemos discutido sobre etiqueta digital, y creo que es el punto ciego de la conversación entera. Todos los mecanismos que hemos construido, la denuncia, el reporte, la solicitud de retiro, la multa, el derecho de rectificación, suponen a alguien capaz de ofenderse. Descansan sobre la existencia de una parte agraviada que levante la mano. Los muertos son el primer caso en que el sistema completo falla, no porque la norma sea mala sino porque el único mecanismo de cumplimiento que hemos tenido siempre es el ofendido.

El acuerdo de octubre funcionó porque del otro lado había una fundación, un patrimonio y abogados. La inmensa mayoría de los muertos no tiene nada de eso. Tiene, con suerte, un hijo que todavía conserva la contraseña del teléfono y que no sabe que le corresponde a él decidir.