Escribe sobre Netiqueta, Convivencia digital, Inteligencia artificial, Ética de la inteligencia artificial, Protección de datos personales, Gobierno digital, Ciberacoso, Regulación de la inteligencia artificial
Ingeniero de sistemas y consultor
César Amar es ingeniero de sistemas y consultor colombiano. Escribe sobre netiqueta, inteligencia artificial, consentimiento, ciberacoso y convivencia en línea: cómo la tecnología transforma el lenguaje, el trabajo, la educación y la responsabilidad. A partir de escenas cotidianas, investigaciones y cambios legales, pregunta por la cortesía digital, la autoría, el uso ético de la IA y los límites de delegar conversaciones y decisiones a las máquinas.
El derecho de petición exige una respuesta de fondo. El acto administrativo exige motivación. El código disciplinario exige que el servidor responda por lo que firma. Ninguna de las tres normas se escribió pensando en que el texto pudiera salir de un modelo de lenguaje. Quien firma sigue respondiendo. La pregunta es qué significa responder por algo que uno no escribió.
En mayo de 2025 la DIAN reconoció que su plataforma llevaba días caída y amplió el plazo para declarar renta. Lo hizo porque una norma se lo permite, no porque exista un derecho general a que el tiempo se detenga cuando el sistema falla. Esa diferencia es el problema de fondo.
El Decreto 0769 no cumple un año. Cumple seis semanas. La Ley 2489 le dio al Gobierno seis meses para reglamentarla; se tomó el doble. Lo único que sí tuvo un año completo para crecer fue el problema que la norma llegó, apenas, a nombrar.
La ley de datos personales le exige a una entidad responder en diez o quince días y le prohíbe escudarse en el proveedor que operó el sistema. No le exige que la respuesta sea correcta ni que lo que promete se cumpla. Cuando el que contesta es un bot, esa ley cubre el plazo y el silencio, no lo que se dice dentro del plazo.
Colombia tiene una política de inteligencia artificial con presupuesto y horizonte a 2030. Lo que no tiene es una ley. La diferencia no es de trámite: una dice qué se va a hacer con la plata, la otra dice qué no puede hacerse con la máquina.
El decreto obliga a los colegios a meter el ciberacoso en el reglamento. El reglamento sabe qué hacer con la niña que grabó el video. No sabe nada de los doscientos teléfonos por los que pasó.
Dos de cada tres usuarios le dicen por favor al chatbot. Un estudio acaba de medir que a los groseros les responde mejor.
Los jefes valoran los buenos modales digitales mucho más que sus equipos. Los equipos son los que reciben la factura.
Aprendimos en un año a pedir autorización antes de encender el transcriptor. Seguimos mandando notas de voz de nueve minutos sin preguntarle nada a nadie.
Virginia Shea escribió diez en 1994. Dos murieron de éxito, una se la llevó la ley, y la mejor de todas la estamos desmontando ahora sin haberlo discutido.
Cuatro diccionarios eligieron palabra del año en 2025. Ninguno escogió una palabra que sirva para entenderse.
Los programas que dicen detectar si un texto lo escribió una máquina se equivocan casi siempre con la misma gente. Con la que no está escribiendo en su lengua.
La primera norma de la netiqueta pedía recordar que hay un humano del otro lado. Treinta años después el problema es el contrario: probar que uno lo es.
Un tercio de los empleados usa inteligencia artificial para tareas que exigen inteligencia emocional. Los colegas lo notan, y lo castigan más que cualquier otro uso.
Cuando falla un sistema automático, la culpa cae sobre la persona. Cuando falla un mensaje escrito con inteligencia artificial, cae sobre la máquina. La diferencia no la decide la justicia.
Treinta años separan las dos normas y dicen casi lo mismo. La diferencia es que la segunda cobra quince millones de euros.
En dieciocho meses construimos una arquitectura de consentimiento digital para los vivos. Los muertos, que son la enorme mayoría, quedaron por fuera.