El año que le faltó al Decreto 0769

El artículo 14 de la Ley 2489 de 2025 le dio al Gobierno nacional seis meses, contados desde su entrada en vigencia, para expedir el reglamento. La ley se publicó en el Diario Oficial el 18 de julio de 2025; el plazo vencía el 18 de enero de 2026. El decreto que la reglamenta, el 0769, se firmó el 16 de julio de 2026 y empezó a regir el 18, exactamente un año después de la ley y seis meses después de su propio plazo legal. En abril, con el borrador todavía en comentarios públicos, el Ministerio TIC tuvo que extender el plazo para recibirlos hasta el 29 de ese mes: la norma que debía estar lista en enero seguía discutiéndose tres meses después de vencido el término que ella misma se había puesto. La misma ley, en su artículo 11, le exige a los ministerios TIC y de Educación un informe anual a las Comisiones Sextas del Congreso, a más tardar el 6 de febrero de cada año, sobre lo avanzado en entornos digitales seguros. El primero de esos informes, el de 2026, se debía dos meses antes de que el reglamento siquiera existiera.

Es tentador preguntarse qué cambió en el año transcurrido desde el Decreto 0769. La pregunta tiene un problema de aritmética: el decreto no lleva un año. Lleva, a la fecha de este texto, seis semanas. Lo que sí cumplió un año fue la ley que se quedó esperando su reglamento, y ese año —el de la espera, no el del decreto— es el que hay que medir.

El año que sí pasó

Durante esos doce meses las rutas de convivencia escolar no partieron de cero. La Ley 1620 de 2013 ya obligaba a los colegios a tener comité de convivencia y ruta de atención, y el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, el SIUCE, ya recogía los casos. Lo que no existía era la obligación puntual —con nombre propio, ciberacoso, dentro del manual— que el Decreto 0769 llegó a fijar. Esa ausencia no impidió que el problema se documentara: entre 2022 y 2025 los reportes en el SIUCE pasaron de 3.496 a 10.695, un aumento del 206 %, y los casos con ideación suicida asociada crecieron 233 % en el mismo lapso, hasta 407 en el último año medido; las niñas concentraron el 60,1 % de las víctimas, una proporción que se mantuvo estable en todo el periodo. Dentro de esa cifra, el ciberacoso aislado casi se triplicó: de 293 casos en 2022 a 840 en 2025, un aumento del 185 %.

En Bogotá, la Secretaría de la Mujer contó 581 casos de violencia digital en 266 colegios públicos y privados durante 2026 —el año en que, según el propio calendario legal, el reglamento ya debía existir—, con niñas y adolescentes como víctimas en el 62,65 % de los casos.

Lo que la norma no fija

El decreto, ya en vigor, tampoco corrige del todo la lentitud que lo produjo. El Gobierno se dio a sí mismo doce meses más para formular la política pública nacional de entornos digitales, y otros doce para que el Ministerio TIC defina por resolución los términos técnicos que la norma usa sin precisar. A los colegios, en cambio, no les puso fecha. El texto dice que las obligaciones se aplicarán «de forma gradual y diferenciada, según el nivel de riesgo, la naturaleza del servicio y la capacidad técnica de cada actor». Es una frase razonable para una plataforma con millones de usuarios. Aplicada a un colegio, significa que todavía nadie puede decir cuándo vence el plazo para actualizar el manual de convivencia, porque el decreto no lo dice.

El decreto también le ordenó al Ministerio de Educación administrar, en Colombia Aprende, un repositorio nacional de buenas prácticas, gratuito y sin registros obligatorios. En el portal existe una colección llamada «Entornos digitales sanos y seguros», pero se publicó en diciembre de 2020 y su actualización más reciente es de febrero de 2026, meses antes de que el decreto existiera; no menciona ni el 0769 ni la Ley 2489. Puede que el repositorio que exige la norma se esté construyendo en otro rincón del portal. Lo que no encontré, revisando las fuentes públicas, es un documento, un reporte o una cifra que diga cuántos colegios ya actualizaron su manual, o qué pasó con los que no lo hicieron. Seis semanas son pocas para que exista esa medición. No hay balance de cumplimiento posible todavía: solo hay una fecha, un plazo vencido y una espera que sí se puede contar.

Creer que ya pasó un año desde que existe la regla no es un detalle de calendario: es el síntoma. Un país que lo cree es un país que se acostumbró a la idea de que la regla existe, aunque lleve seis semanas y ningún colegio haya tenido tiempo real de aplicarla. El reglamento que faltaba no llegó tarde a un año de vigencia. Llegó tarde a su propio plazo, y apenas empieza a correr el que de verdad importa: el que se cuenta desde que un colegio, no un decreto, decide qué hacer con doscientos teléfonos.